El Dr. Jorge R. Enríquez, presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA y exdiputado nacional, cuestionó la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025. Según el especialista, la reforma a la Ley de Inteligencia Nacional mediante decreto constituye un avance preocupante sobre el equilibrio republicano y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Mientras este abogado liberal y tres diputados de la Coalición Cívica ya presentaron un amparo contra el ilegal e inconstitucional DNU, la supuesta oposición “nac&pop” -Fuerza (anti)Patria-, gobernadores y legisladores del “campo popular” se hacen los distraídos y no mueven ni un dedo. Están preocupados por temas más importantes -reelección indefinida de intendentes, semana de la vasectomía, autoridades partidarias, etc.-. Son los que más trabajan para que el batracio del Sinaí siga vivito y coleando, destrozando la economía real, hiperendeudándose, rematando recursos estratégicos, y aumentando la desocupación en masa.
Ausencia de urgencia y debate legislativo
El análisis sostiene que la inteligencia estatal es una actividad sensible que debe estar sujeta a límites estrictos y a leyes formales emanadas del Congreso. Reformar este sistema por decreto, sin el debate parlamentario correspondiente, vulnera el principio de división de poderes.
“No se ha demostrado la existencia de una situación excepcional que impidiera el tratamiento legislativo ordinario, ni se ha justificado por qué una reforma de esta magnitud no debiera ser discutida en el Congreso”, señala el documento.
Violación del Artículo 99 de la Constitución
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la inconstitucionalidad manifiesta de la norma en relación con el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional, el cual prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo emitir decretos en materia penal.
El DNU 941/2025 introduce disposiciones que afectan la libertad ambulatoria y habilitan supuestos de intervención que pertenecen al ámbito penal y procesal penal. Según Enríquez, otorgar facultades de detención a agentes de inteligencia —caracterizados por su opacidad funcional— genera un riesgo estructural para las libertades individuales.
Riesgos históricos y el rol del Poder Judicial
El pronunciamiento advierte que la ampliación discrecional de las facultades de inteligencia sin controles efectivos conduce inexorablemente a abusos y persecuciones, tal como lo demuestra la historia argentina.
Para el titular de JUSTA CAUSA, resulta indispensable que el Poder Judicial ejerza plenamente su rol de control de constitucionalidad y declare la invalidez del decreto. El argumento final resalta que la seguridad no puede construirse sacrificando garantías básicas, ya que cuando el Estado se aparta de sus límites, deja de proteger a los ciudadanos para convertirse en una amenaza.
